Argentina sufrió un nuevo golpe en la justicia estadounidense tras el embargo de US$ 209 millones ordenado por la jueza Loretta Preska. La medida se da en el marco del juicio por bonos emitidos en los ‘90 y defaulteados en 2001, luego de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la apelación del país en enero.
El fondo Attestor Master Value ejecutó la medida sobre activos estatales argentinos depositados en la Reserva Federal de Nueva York, reduciendo el saldo pendiente del litigio a US$ 251 millones. Otros siete fondos aún mantienen reclamos impagos por un total de US$ 460 millones.
El embargo se suma a otro reciente en Londres, donde bonistas lograron ejecutar una garantía de US$ 325 millones por el pago del cupón PBI. Mientras tanto, Argentina enfrenta crecientes dificultades para cerrar frentes legales y acceder a financiamiento internacional.