El Gobierno provincial intensificó los operativos para recuperar tierras fiscales usurpadas en distintos municipios y comunas, con foco especial en áreas turísticas clave como El Mollar, El Cadillal y la zona rural de Ticucho, en la comuna de Tapia.
Durante el verano, la Provincia tomó posesión y desalojó varios emprendimientos comerciales y viviendas particulares instaladas ilegalmente alrededor de la Reserva Natural La Angostura. Luego, las tareas de relevamiento se trasladaron a El Cadillal, donde un informe reveló serias irregularidades dominiales.
Irregularidades en El Cadillal
Las construcciones privadas avanzaron en zonas inundables e incluso dentro del área protegida. Muchos barrios nuevos carecen de servicios básicos y accesos adecuados, lo que impide el ingreso de ambulancias o camiones recolectores. Se detectaron también alambrados que invaden el espejo de agua del dique, en el sector conocido como India Muerta.
Relevamientos en Ticucho y ruta 312
Actualmente, las tareas de inspección se concentran en Ticucho, donde funcionarios de Catastro, Medio Ambiente, Flora y Fauna, Aguas y Turismo, junto con la Unidad Ejecutora, documentan posibles usurpaciones. Un drone captó imágenes aéreas sobre la ruta 312, y técnicos de Catastro compararán estos registros con la base de datos oficial.
En forma preliminar, se habría detectado una treintena de viviendas construidas ilegalmente en terrenos fiscales, sobre todo cerca del río Tapia. También se investiga la situación de una propiedad vinculada al comisionado comunal Pedro Acosta.
Producción y Turismo en alerta
Los equipos del área de Producción relevarán dos granjas avícolas y una chanchería ubicadas a la vera de la ruta, para verificar si están habilitadas y si cuentan con certificados ambientales. Además, Turismo deberá informar sobre el estado de las concesiones vigentes y las que operan fuera de convenio, como el caso del club El Cardumen.
Herramienta legal: autotutela
La Provincia evalúa aplicar la figura de la “autotutela”, mecanismo legal que le permite recuperar terrenos públicos sin necesidad de orden judicial, en casos donde se compruebe que el patrimonio estatal está siendo dañado o usurpado.
