Con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, avanza en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley que busca establecer un protocolo de actuación frente a ocupaciones ilegales de terrenos fiscales y áreas protegidas en comunas rurales. La iniciativa fue impulsada por el legislador Carlos Gómez y recibió respaldo transversal de distintos bloques políticos.
Durante la reunión, presidida por el legislador José Orellana y con la participación de los parlamentarios Rolando Alfaro, Raúl Moreno y Manuel Courel, se destacó la necesidad de dotar a los delegados comunales de herramientas claras y respaldo institucional para intervenir ante casos de usurpación.
“El gobierno provincial está comprometido con este tema. Los comisionados comunales, que conocen en profundidad el territorio, deben contar con un procedimiento formal que les permita actuar de forma rápida y articulada con jueces de paz y otras autoridades”, señaló Orellana.
Principios y alcances del protocolo
El proyecto establece como pilares fundamentales los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos. Se considera usurpación a toda ocupación no autorizada de terrenos fiscales o áreas protegidas, sea mediante violencia, engaño o permanencia prolongada.
El protocolo contempla que los comisionados comunales deberán:
- Recepcionar y documentar denuncias formales.
- Verificar la condición fiscal o ambiental del terreno afectado.
- Notificar inmediatamente al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad.
- Coordinar con organismos como el Ente Tucumán Turismo o la Subsecretaría de Medio Ambiente cuando se trate de áreas protegidas.
Además, se prevé un plan de capacitación para los comisionados comunales sobre gestión de conflictos, documentación, articulación institucional y procedimientos legales. La provincia deberá garantizar los recursos para implementar este protocolo en todo el territorio.
