El Gobierno nacional oficializó este martes una serie de medidas orientadas a reducir los costos de productos electrónicos mediante la baja de aranceles de importación e impuestos internos, a través del Decreto 333/2025 publicado en el Boletín Oficial. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
La disposición contempla una reducción progresiva de los aranceles a celulares y consolas de videojuegos, así como una rebaja impositiva tanto para productos importados como para aquellos fabricados en Tierra del Fuego. La medida había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En detalle, los teléfonos celulares pasarán de tributar un 16% a un 8% desde el 21 de mayo y dejarán de pagar aranceles a partir del 15 de enero de 2026. Las consolas de videojuegos, en tanto, bajarán de un 35% a un 20%. El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2038.
Por otra parte, los impuestos internos sobre celulares, televisores y aires acondicionados importados bajarán del 19% al 9,5%, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego verán reducida su carga del 9,5% al 0%.
El Ejecutivo justificó la medida señalando que “mejorará la oferta, reducirá precios y facilitará el acceso de los consumidores, promoviendo así la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”. También se espera que el cambio estimule la competitividad, aumente la inversión productiva y mejore la disponibilidad de estos bienes en el mercado local.
Desde el Gobierno estiman que la reducción impositiva y arancelaria generará una caída de hasta el 30% en los precios de los productos electrónicos importados. Asimismo, aseguran que la mayor competencia contribuirá a una oferta más variada y con precios similares a los de países vecinos.
Para ilustrar el desfasaje actual, se mencionó que un celular de alta gama cuesta en promedio 2.566 dólares en Argentina, mientras que en España se consigue por 1.290 dólares, en Chile por 1.147, en el Reino Unido por 1.143 y en Estados Unidos por 1.011 dólares.
La normativa marca un giro en la política de protección a la industria fueguina, apostando ahora por un modelo que integra a los productos nacionales en un esquema de mayor apertura y competencia con el mercado global.
