El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó un proyecto de ley que propone una profunda reforma en el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN). La iniciativa, que ya genera tensiones con el Senado, busca modificar la Ley de Auditoría para ampliar de tres a cuatro los auditores designados por Diputados y reducir de tres a dos los representantes del Senado, lo que alteraría el actual equilibrio de representación entre ambas cámaras.
La presentación llega en un contexto de fuerte parálisis institucional en la AGN, donde actualmente sólo su presidente, Juan Manuel Olmos, se encuentra en funciones, debido a la falta de acuerdo político para renovar a los seis auditores que ya cumplieron su mandato.
El proyecto de Menem, acompañado por los diputados libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Bertie Benegas Lynch, Nadia Márquez y Santiago Santuario, propone también una expansión de las competencias de la AGN, incluyendo la posibilidad de auditar al Poder Judicial, las universidades públicas y organismos como ARCA, a través de convenios específicos.
Uno de los puntos más controvertidos es el rediseño de la representación dentro de la Auditoría. La propuesta establece que cuatro de los seis auditores auxiliares sean designados por Diputados, de los cuales tres corresponderán a los bloques parlamentarios más numerosos y uno al oficialismo. En tanto, el Senado mantendría solo dos representantes, designados también en proporción a los bloques mayoritarios. Esta modificación ya genera rechazo en la Cámara alta, que vería reducida su influencia en un organismo clave para el control del gasto público.
El texto también redefine el rol del presidente de la AGN, que será propuesto por el bloque mayoritario del Senado y designado formalmente por el titular de esa cámara. Además, se fijan plazos concretos para el análisis de las cuentas públicas y se establecen causales y mecanismos de remoción, que requerirán mayoría calificada de dos tercios y derecho a defensa.
En cuanto a las condiciones laborales, se estipula que el presidente de la AGN cobrará lo mismo que un senador, mientras que los auditores auxiliares recibirán una remuneración equivalente a la de un diputado nacional. Su mandato será de cuatro años, con posibilidad de reelección por un solo período, consecutivo o alternado.
Los fundamentos del proyecto destacan que se busca consolidar la autonomía funcional de la AGN, tal como establece el artículo 85 de la Constitución Nacional, y fortalecer los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y control parlamentario. Según Menem, “el nuevo diseño apunta a garantizar un control de gestión efectivo, reflejando la voluntad popular representada en la Cámara de Diputados”.
La iniciativa ya abrió un frente de conflicto entre ambas cámaras del Congreso y promete tensiones políticas en los próximos debates legislativos, dada la relevancia institucional y política que tiene la Auditoría General en el esquema republicano argentino.
