En el Salón de la Memoria de la Legislatura de Tucumán se realizó este martes un acto conmemorativo al cumplirse cuatro décadas de la presentación del Informe de la Comisión Bicameral Investigadora sobre la violación de los Derechos Humanos en la provincia, elaborado en 1985 durante el retorno a la democracia.
El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, junto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriel Yedlin, y el vocal de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Posse.
Durante la ceremonia, se entregaron distinciones a quienes integraron la Comisión creada por la Ley N.º 5599, impulsada por familiares de detenidos-desaparecidos y sancionada durante la gestión del entonces gobernador Fernando Riera.
El informe, aprobado en sesión extraordinaria el 20 de mayo de 1985, documentó desapariciones forzadas, apropiación de menores, usurpaciones y otros delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
Alejandro Sangenis, quien presidió aquella comisión, recordó que fue una tarea “épica”, posible gracias al respaldo institucional y al coraje de los familiares de las víctimas. “Gracias a esa documentación se pudo avanzar en los procesos judiciales que todavía hoy siguen en el ámbito federal”, remarcó.
Alicia Noli, asesora legal de la Comisión, denunció que en aquel entonces “todavía se vivía bajo amenazas e intimidaciones” y que incluso fue víctima de amedrentamientos. “Es muy significativo que la Legislatura haya decidido reivindicar este trabajo como parte de su propia memoria institucional”, expresó.
El legislador Gabriel Yedlin comparó el informe con el emblemático “Nunca Más” de la CONADEP: “Este informe fue la base para la justicia en Tucumán. La valentía de aquellas madres y abuelas es el ejemplo que debemos seguir para fortalecer la democracia”.
Durante el acto también fueron distinguidos familiares de los exlegisladores Carlos Meschuitz, Armando Baunaly y Arturo Sassi, y los asesores jurídicos Liliana Vitar y José Vitar.
Participaron además los legisladores José Cano, Raquel Nievas, Agustín Romano Norri y Javier Noguera, y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Mercedes Leal, entre otras autoridades y referentes de derechos humanos.
