Ante la demora en el ingreso de inversión extranjera directa, el Gobierno nacional se dispone a anunciar un controvertido paquete de medidas de amnistía fiscal y cambiaria para movilizar parte de los dólares que los argentinos conservan en cajas de seguridad u otros refugios fuera del sistema formal. El objetivo es acelerar la monetización de la economía y reactivar el consumo.
El anuncio está previsto para este jueves, y genera expectativa tanto en los mercados como en el ámbito político.
El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa esta iniciativa convencido de que si logra estimular el uso del “canuto” (ahorros en dólares fuera del sistema), los ciudadanos podrían destinar esos fondos a la compra de bienes durables, propiedades, viajes y electrodomésticos, lo que permitiría un repunte más dinámico de la actividad económica.
En marzo, la economía mostró señales de desaceleración en comparación con febrero, por lo que el Gobierno evalúa que se necesitan nuevos estímulos para alcanzar la ambiciosa meta de crecimiento del 6% anual.
Entre las principales medidas se incluyen:
Resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF que reducirán los controles sobre el origen de los dólares.Un proyecto de ley para flexibilizar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario.
Simplificación del impuesto a las Ganancias para facilitar la presentación de declaraciones juradas por parte de los trabajadores en relación de dependencia.
Aumento del monto mínimo de dólares que se pueden depositar sin justificar origen: se establecería un nuevo umbral por encima de los US$ 100.000, sin disparar reportes automáticos por parte de los bancos ni investigaciones por parte de ARCA.
Flexibilización en los informes de operaciones que actualmente deben presentar escribanos, contadores, registros automotores y otros actores clave.Eliminación del sistema de cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI), que actualmente alerta sobre movimientos económicos significativos.
Estas medidas forman parte de una estrategia para desregular el sistema y fomentar el ingreso voluntario de capitales privados, sin necesidad de recurrir al endeudamiento o nuevas cargas impositivas. No obstante, el proyecto ya genera polémica por el riesgo de facilitar maniobras de lavado y evasión, según advierten sectores de la oposición y especialistas en derecho tributario.
