El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió con cautela al reciente decreto del gobierno nacional que reglamenta el derecho de huelga en sectores clave como educación, salud y transporte, estableciendo la obligación de garantizar servicios mínimos durante las medidas de fuerza.
Consultado en conferencia de prensa, Jaldo prefirió no emitir una opinión contundente:
> “Lo escuché como anuncio, no sé de qué se trata, no vi la reglamentación, pero le sugiero a las autoridades que representan a la CGT hacia abajo que se pongan más activos y vean de qué se trata. Son ellos los que más específicamente están en el tema”.
Sin embargo, el mandatario tucumano remarcó la importancia de la educación como servicio esencial:
> “La educación es fundamental para sacar a la Argentina de la crisis. Cuando hablamos de pobreza e indigencia no solo hablamos de alimentos, también de formación. Tenemos que educar a nuestros niños y jóvenes con una muy buena preparación. Es esencial y fundamental para la vida de los argentinos”.
El contenido del decreto
El decreto nacional fue publicado esta semana y obliga a los sindicatos que convoquen a medidas de fuerza a garantizar una prestación mínima del servicio, según el rubro:
75% de funcionamiento mínimo:
Servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos.Transporte y distribución de agua, gas, energía eléctrica y medicamentos.
Telecomunicaciones, incluidas internet y comunicaciones satelitales.
Transporte marítimo, fluvial y aéreo, control y logística portuaria.Educación en niveles inicial, primario, secundario y especial.
Servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior.50% de funcionamiento mínimo:
Producción de medicamentos e insumos hospitalarios.Transporte terrestre y subterráneo.
Servicios de radio y TV, e industrias clave como la alimenticia, minera, química, cementera y siderúrgica.Actividades relacionadas al comercio electrónico, banca, gastronomía y hotelería.Servicios vinculados a exportaciones.
La medida ha generado reacciones mixtas en el arco sindical y político, con cuestionamientos sobre su impacto en los derechos laborales, mientras desde el gobierno nacional se argumenta que busca garantizar el funcionamiento básico de servicios esenciales para la población.
