Con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
La iniciativa contempla:
Actualización de las prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023, conforme a la inflación.
Indexación mensual automática de las pensiones no contributivas según el IPC.
Mantenimiento del valor de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Durante el debate, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer el sistema de atención a personas con discapacidad, tras años de desinversión y reclamos sectoriales.
Desde la UCR, Soledad Carrizo llamó a dar una respuesta «razonable y coherente». Melina Giorgi, de Democracia para Siempre, denunció que «el ajuste no puede recaer en los sectores más vulnerables». Vanina Biasi (Frente de Izquierda) y Eduardo Valdés (UxP) alertaron sobre la crítica situación de los prestadores y transportistas.
Por su parte, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) defendió al Gobierno nacional, acusando a gestiones anteriores de “clientelismo con los recursos destinados a discapacidad” y minimizando la responsabilidad del oficialismo en la crisis actual.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal del proyecto rondaría entre $1,8 billones y $3,6 billones, dependiendo del número de beneficiarios. A esto se suman $278.323 millones por compensación inflacionaria y $7.160 millones para talleres protegidos.
La media sanción representa un reclamo atendido por organizaciones de discapacidad, que vienen movilizándose en todo el país en defensa de sus derechos y por un sistema más justo y actualizado.
