La semana cerró con máxima tensión para el gobernador Osvaldo Jaldo, luego de que un audio que compromete al intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, reavivara el fantasma del narcotráfico en el interior tucumano. La grabación, que se viralizó en redes y medios, generó un cimbronazo político dentro del oficialismo y aceleró el debate sobre una posible intervención total al municipio, la medida más drástica que evalúa el Ejecutivo provincial.
Mientras Jaldo participaba de un agasajo en Casa de Gobierno, los ministros Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia) mantuvieron una tensa reunión con Campos, que llegó sin aviso al palacio gubernamental. El gobernador, visiblemente molesto, evitó el encuentro y derivó la situación a su equipo más cercano. En paralelo, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls y el secretario general Federico Nazur avanzaban con el armado de los instrumentos legales necesarios para una decisión inminente.
Campos admite que el audio es real, pero niega vínculos narco
“No voy a renunciar”, afirmó Campos tras la reunión. El intendente reconoció públicamente que la voz en el audio es la suya, aunque sostuvo que la conversación –de un año atrás– fue sacada de contexto y no guarda relación alguna con el narcotráfico. Según su versión, se trataba de un diálogo sobre un robo sufrido por un tercero.
Aun así, en el entorno del gobernador consideran que el daño político ya está hecho y que la crisis de gobernabilidad en Alberdi amerita una respuesta institucional. Este lunes, tras una reunión de gabinete, podría definirse la intervención total, lo que incluiría la convocatoria a elecciones en los próximos 120 días. También se barajan otras salidas menos drásticas, como exigirle a Campos cambios en su gabinete o delegar temporalmente el poder al Concejo Deliberante.
La decisión final dependerá del informe de antecedentes que Jaldo recibirá en las próximas horas, así como del consenso legislativo para avanzar. Si el Ejecutivo no se adelanta, el radicalismo podría presentar un proyecto propio para solicitar la intervención del municipio. La Constitución Provincial, en su artículo 139, habilita esta medida en casos de acefalía o desorden institucional grave.
Tensión también en Tafí Viejo
Pero Alberdi no fue el único foco de conflicto. En Tafí Viejo, la intendenta Alejandra Rodríguez pidió auxilio financiero al Gobierno para pagar salarios, en medio de un embargo judicial por deudas con Rentas. El malestar creció cuando el fiscal municipal Víctor Schedan denunció un presunto “favoritismo político” hacia otras intendencias como Banda del Río Salí.
Finalmente, el Ejecutivo autorizó un adelanto de $400 millones del Fondo de Desarrollo del Interior correspondiente a mayo, para garantizar el pago de sueldos. “No asfixiamos a nadie, siempre ayudamos cuando se necesita”, replicaron cerca de Jaldo.
Mientras tanto, el gobernador se refugió el fin de semana en Trancas, su ciudad natal, para terminar de definir la estrategia frente a una crisis que ya no puede disimularse puertas adentro.
