El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, creado en 2012 para financiar viviendas únicas familiares, y estableció los mecanismos para su liquidación y traspaso de funciones. La medida se concretó con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, en línea con lo dispuesto en el Decreto 1018/2024.
A partir de ahora, la gestión de los créditos vigentes será responsabilidad del Banco Hipotecario S.A., que continuará con la administración bajo los mismos términos del contrato original.
Los motivos de la disolución
Según los fundamentos del decreto, el programa se había transformado en una “pesada carga” para las cuentas públicas y presentaba serias deficiencias de control y ejecución. Además, se argumentó que la financiación de viviendas “es una actividad propia de los bancos comerciales, públicos o privados, y no una función central del Estado”.
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había señalado demoras en la entrega de viviendas, mayores gastos operativos, reclamos por falta de condiciones de habitabilidad y falta de transparencia y eficiencia en la gestión.
Cómo continúa el programa
Aunque el fondo fiduciario se disuelve, los préstamos ya otorgados seguirán vigentes. El Banco Hipotecario será responsable de administrar los pagos, transfiriendo lo recaudado al Tesoro Nacional, con deducción de su retribución y gastos.
Además, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial podrá instruir al banco a vender carteras de créditos con baja cobrabilidad (menos del 40%).
El Ministerio de Economía también será el encargado de disponer los bienes del fondo (viviendas e inmuebles), con posibilidad de transferirlos a provincias, municipios u otros organismos públicos, especialmente cuando hayan sido aportados originalmente por esos entes.
Aquellos inmuebles no afectados a obras activas serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través de convenios tripartitos.
Cierre administrativo y judicial
Las deudas pendientes se cancelarán con los fondos provenientes de la cobranza de créditos o la venta de inmuebles, respetando el orden de prelación establecido en el contrato original. Las causas judiciales en curso vinculadas al Pro.Cre.Ar serán atendidas por el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.
La medida se enmarca en la Ley 27.742, que habilita al Poder Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios públicos para reducir el gasto estatal, mejorar la transparencia y optimizar el funcionamiento del Estado.
