El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un DNU tras el escándalo por presuntos vínculos del exintendente Luis Campos con el narcotráfico. Convocan a elecciones para el 26 de octubre.
En una medida de fuerte impacto institucional, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, resolvió este lunes intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y designó como interventor al contador Guillermo Norry. La decisión se tomó tras la difusión de un audio que involucra a funcionarios municipales —entre ellos el ahora exintendente Luis Campos— en presuntos hechos vinculados al narcotráfico.
Simultáneamente, el Gobierno provincial convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, con el fin de “restituir la plena normalidad institucional a través del voto popular”.
“El interventor pondrá orden en las finanzas, la gestión y los servicios del municipio, garantizando que los empleados municipales continúen en sus funciones según las directivas del nuevo responsable”, afirmó el ministro del Interior, Darío Monteros.
Allanamientos y escándalo
Mientras se hacía efectiva la intervención, efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional llevaron adelante allanamientos en los domicilios del exintendente Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán. También fueron requisadas las instalaciones de la Intendencia y del Concejo Deliberante.
Las medidas judiciales y administrativas se produjeron pocas horas después de las declaraciones del propio Jaldo, quien el viernes había advertido: “No vamos a permitir que en Tucumán haya funcionarios ni políticos ligados a la droga. El que tenga responsabilidad institucional será removido”.
Asume Norry
Guillermo Norry, nuevo interventor, es dirigente sindical y se desempeñaba en el Instituto de Previsión Social de Tucumán (IPSST). En el pasado fue funcionario en la Municipalidad de Banda del Río Salí.
En su primer acto administrativo, dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal como paso inicial para reordenar el funcionamiento del municipio.
Durante la madrugada, funcionarios provinciales encabezados por los ministros Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Aguero Gamboa (Seguridad), el fiscal adjunto Raúl Ferrazzano y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se trasladaron a Alberdi para hacer efectiva la medida. La lectura formal del decreto fue realizada por Ferrazzano, y supervisada por la escribana Olga Inés Navarro, a cargo del Registro de Gobierno.
Qué dice la Constitución
La intervención se ampara en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, por un plazo máximo de 180 días.
Para su plena validez, la intervención deberá ser ratificada por la Legislatura, que deberá tratar el DNU enviado por el Ejecutivo provincial.
