Tras el fallo de la Corte Suprema, la defensa solicitó arresto domiciliario en su departamento de Recoleta. La fiscalía exige su inmediata detención. El juez dio cinco días hábiles para que se presenten los condenados.
Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena bajo arresto domiciliario, sin tobillera electrónica y en su actual domicilio de Recoleta, donde vive con su hija Florencia. El pedido fue presentado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy ante el Tribunal Oral Federal N°2, que intervino en el juicio.
El escrito de 13 páginas fue presentado poco después de conocido el fallo del máximo tribunal. En él, los abogados pidieron que se evite el traslado de la ex vicepresidenta a una alcaidía y se disponga directamente la modalidad de prisión domiciliaria en el domicilio de calle San José al 1100, informaron fuentes judiciales.
Plazos y posturas encontradas
El juez del TOF 2, Jorge Gorini, ordenó que todos los condenados se presenten en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles para quedar detenidos, mientras se resuelven los planteos pendientes. También solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que disponga lugares adecuados para el alojamiento de los condenados.
Por su parte, los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, firmaron un escrito en el que reclaman la “inmediata detención” de Cristina Kirchner, al considerar que el plazo otorgado es excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
Argumentos de la defensa
La defensa fundamentó su pedido en la edad de la ex mandataria (72 años), su condición de ex presidenta y los riesgos para su integridad física, especialmente tras el intento de atentado sufrido en septiembre de 2022.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron los abogados en el escrito. Agregaron que una detención en cárcel común implicaría un “aislamiento absoluto” y una “vigilancia permanente”, lo cual resultaría incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos en materia penal.
Asimismo, la defensa rechazó el uso de una tobillera electrónica, alegando que la ex vicepresidenta cuenta con custodia permanente por parte de fuerzas federales, lo que haría “completamente innecesaria” dicha medida. No obstante, el uso del dispositivo está previsto en la Ley de Ejecución Penal como herramienta de control en los casos de arresto domiciliario.
