La causa por presuntas maniobras de corrupción en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi dio un giro decisivo este lunes, luego de que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitara la detención del exintendente Luis “Pato” Campos, su exsecretario de Hacienda José Roldán y el empresario Roque “Chipi” Giménez, vinculado a la obra pública.
No obstante, el pedido de detención no pudo avanzar contra la legisladora Sandra Figueroa, esposa de Campos, por contar con fueros parlamentarios.
Aunque el planteo inicial del fiscal fue rechazado por un vicio procesal, el juez federal José Manuel Díaz Vélez convalidó el rumbo de la pesquisa y autorizó a Vehils Ruiz a continuar con la causa. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, lavado de activos y vínculos con redes de narcotráfico.
Allanamientos y pruebas clave
Gendarmería Nacional llevó adelante múltiples allanamientos en los domicilios de los exfuncionarios y del empresario investigado. Se secuestraron celulares (incluido el de Figueroa), computadoras, documentación sensible y vehículos.
En el caso de Giménez, fueron allanados tres inmuebles, y se descubrió que la dirección fiscal de su empresa, Giménez Consulting Groups, no corresponde a una sede operativa ni localizable.
Además, las medidas federales se superpusieron con actuaciones similares ordenadas por la fiscal Mónica García de Targa, quien conduce una causa paralela en el fuero provincial.
Apoyo del gobierno provincial
El gobierno de Tucumán, a través de la fiscal de Estado Gilda Pedicone, respaldó la investigación enviando al juzgado copia certificada del DNU firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo que ordenó la intervención del municipio. A su vez, el interventor Guillermo Norry fue instruido para entregar toda la documentación administrativa solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal federal busca reconstruir el circuito de movimientos financieros, contrataciones y adjudicaciones realizadas por el municipio desde 2017. En ese marco, el juez Díaz Vélez también dispuso la inhibición general de bienes de los cuatro principales investigados, con el fin de asegurar un eventual recupero patrimonial.
Etapa clave del proceso
Todo el material incautado ya está siendo analizado por peritos forenses y técnicos especializados. “Será una investigación larga y compleja”, reconocieron fuentes judiciales. En las próximas semanas, el fiscal podría avanzar en la convocatoria a declaración indagatoria de los implicados, paso que marcaría una definición procesal clave en la causa.
