China, la segunda mayor economía del planeta por Producto Bruto Interno, se encamina a convertirse en la potencia dominante del siglo XXI. Su modelo, una combinación singular de mercado abierto y planificación centralizada, ha sido ejecutado con precisión por el Partido Comunista Chino en un país de más de 1.400 millones de habitantes.
Uno de los pilares estratégicos de ese ascenso global es la industria siderúrgica. Fundamental para sectores como la construcción, la automotriz y los bienes durables, este rubro ha experimentado un crecimiento exponencial en el país asiático. Sin embargo, un informe reciente de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advierte que este desarrollo se apoya en mecanismos que distorsionan gravemente la competencia internacional.
Según el documento, China sostiene su industria siderúrgica a través de un amplio esquema de subsidios: créditos blandos, cesión de tierras a bajo costo, fomento directo a la construcción de plantas, energía subsidiada e impuestos reducidos. Además, el Estado interviene directamente en la organización de la producción, limitando la competencia externa y garantizando contratos a empresas locales, incluso cuando no existe una demanda real que justifique esa producción.
En el plano exportador, los incentivos no se detienen: el informe señala que Beijing subsidia el transporte internacional y establece regulaciones que obligan a ciertos países del Sudeste Asiático a consumir acero chino. El resultado es una sobreproducción masiva que inunda los mercados globales con productos más baratos, pero cuyo costo real es absorbido por el Estado chino.
Las consecuencias para América Latina son múltiples: pérdida de empleos industriales, caída de la producción local y una tendencia hacia la primarización de las economías. Alacero advierte que estas prácticas, además, debilitan la sostenibilidad del sector, ya que la expansión de plantas de arco eléctrico —aunque más limpias— convive con el continuo respaldo al carbón, contradiciendo los compromisos medioambientales.
La combinación de subsidios desproporcionados, exceso de capacidad instalada y prácticas proteccionistas pone en riesgo el equilibrio global de la industria siderúrgica y plantea un desafío urgente para las economías de la región.
