La sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó a la Argentina pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF, reavivó esta semana la discusión política sobre la decisión legislativa de 2012 que declaró de utilidad pública el 51% de la petrolera.
El proyecto impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner fue aprobado el 3 de mayo de ese año por la Cámara de Diputados con 208 votos afirmativos y un amplio respaldo multipartidario. Además del kirchnerismo, acompañaron legisladores de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur, GEN, partidos provinciales y bloques federales. Entre los votos positivos figuraron referentes como Agustín Rossi, Andrés Larroque, Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Victoria Donda, Felipe Solá, Gerardo Morales y Luis Juez, entonces senador por el Frente Cívico cordobés.
En el Senado, la medida cosechó 63 votos a favor y sólo 3 en contra. Apoyaron Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, Morales y gran parte de la UCR. Entre los pocos rechazos estuvieron Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso.
El reciente fallo derivó en la difusión de viejos discursos parlamentarios. Uno de los más comentados fue el de Luis Juez, quien aquel 19 de abril de 2012 reivindicó la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera” y dijo que su voto era “una revancha histórica”. Hoy aliado de Javier Milei —cuyo Gobierno atribuyó la condena al kirchnerismo y prometió apelar en todas las instancias— Juez enfrenta cuestionamientos internos por su postura de entonces.
La sentencia también generó un vendaval de pases de factura entre oficialistas y opositores. En redes sociales, dirigentes y militantes compartieron videos y listas de los diputados y senadores que votaron afirmativamente la estatización, a la que ahora se le endilga un costo multimillonario que compromete las finanzas públicas.
