Nuevos fondos de inversión se sumaron a la lista de acreedores que buscan quedarse con el 51% del paquete accionario de YPF en manos del Estado argentino, en el marco del polémico fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska.
Los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee presentaron pedidos ante la justicia estadounidense para ser incluidos como beneficiarios de la ejecución de esas acciones. Según explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, estos fondos cuentan con sentencias firmes por bonos soberanos que entraron en default tras la crisis de 2001 y ahora reclaman prioridad sobre otros demandantes.
“Beneficiarios de un fallo por deuda en default también piden tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado. Adicionalmente, solicitan prioridad sobre los casos de expropiación de YPF y Bainbridge, ya que sus fallos fueron anteriores”, detalló Maril.
Entre los reclamantes se encuentran Attestor Master Value y Trinity Investments, representados por el abogado Dennis Hranitzky, conocido por haber logrado la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana en 2012, cuando asesoraba al fondo NML-Elliott Capital Management.
Los demandantes solicitaron a la jueza Preska una orden de tipo me too, que permite extender los efectos de un fallo previo a otros acreedores que se encuentran en situación similar. El objetivo es participar de la ejecución de las acciones de YPF como forma de resarcimiento por las sentencias aún incumplidas por el Estado argentino.
Los fondos sostienen que la Argentina mantiene la titularidad del 51% de la petrolera, un activo estratégico que debe ser utilizado para saldar deudas pendientes. Argumentan que su derecho surge tanto de la legislación de EE.UU. como de normas internacionales sobre defaults soberanos.
La presentación agrega presión sobre el activo más valioso que el Estado argentino posee en el extranjero y se produce mientras el Gobierno aguarda la respuesta de Preska a un pedido de suspensión de la medida. La administración nacional prevé también presentar en los próximos días una apelación ante una corte de segunda instancia.
En la solicitud de suspensión, el estudio Sullivan & Cromwell LLP —que representa a la Argentina— argumentó que la decisión debe quedar en standby porque “el Gobierno demostró que sus argumentos pueden tener éxito” y advirtió que no conceder la apelación “podría generar un daño irreparable” al Estado y afectar a terceros.
