El Gobierno nacional oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos como parte de su plan de reestructuración del Estado y recorte del gasto. La medida fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.702 e impacta en dependencias de sectores como salud, transporte, agroindustria, seguridad vial e industria.
Según fuentes oficiales, las funciones esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a ministerios y secretarías, y el personal continuará en sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras. Además, los bienes sin uso pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y los fondos disponibles se transferirán al Tesoro.
Principales organismos disueltos:
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
Dirección Nacional de Vialidad
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI)
FONDEP y FFFIR (fondos fiduciarios)
Delegaciones Sanitarias Federales
ARICCAME (Cannabis Medicinal)
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial
Transformaciones y fusiones:
La CNRT pasa a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La Junta de Seguridad en el Transporte se convierte en la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación.
El Instituto Nacional del Cáncer y el INV se integran como unidades dentro de los ministerios correspondientes.
Se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) para unificar la gestión de hospitales nacionales y centros como el INAREPS.
El INTI, el INPI y el INTA pasarán a ser organismos desconcentrados dentro de las secretarías de Industria o Agricultura.
Fundamentos de la medida
El Ejecutivo justificó la reestructuración en base a un informe que detectó una expansión desproporcionada del sector público descentralizado, con un salto de 35.000 empleados en 2010 a más de 88.000 en 2024. También se señalaron superposición de funciones, baja eficiencia y falta de control interno en muchos organismos.
Los ministerios deberán elevar propuestas de nuevas estructuras para garantizar la continuidad de los servicios públicos sin afectar la eficiencia ni los recursos. El objetivo, según el gobierno, es avanzar hacia un Estado más ágil, transparente y con foco en resultados.
