Tras la sanción de las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei confirmó que las vetará y abrió un complejo frente político. Según trascendió, el Gobierno evalúa tres caminos: sostener el veto con el respaldo de un tercio de las bancas en alguna de las cámaras, judicializar la sesión parlamentaria para ganar tiempo o recomponer puentes con gobernadores clave y evitar nuevas derrotas.
La experiencia del veto a la movilidad jubilatoria en 2024 mostró que, con acuerdos circunstanciales y ausencias opositoras, el oficialismo puede impedir que el Congreso insista con las normas. Sin embargo, el escenario actual es más incierto por el deterioro de los vínculos con varias provincias.
Si el Congreso consiguiera los dos tercios para ratificar las leyes, el Ejecutivo contempla recurrir a la Justicia alegando irregularidades en el trámite legislativo, aunque especialistas advierten que esa vía carece de sustento constitucional una vez alcanzadas las mayorías reglamentarias.
El desenlace marcará no sólo el futuro inmediato del programa fiscal y previsional, sino también la capacidad política del Gobierno para sostener su agenda en un contexto de minoría parlamentaria y creciente tensión institucional.
