El gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae a favor de la Argentina en el juicio por la nacionalización de YPF y solicitó la suspensión del fallo que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones hasta que se resuelva la apelación.
En un documento de doce páginas, el Departamento de Justicia norteamericano argumentó que la sentencia viola el principio de inmunidad soberana y podría sentar un precedente perjudicial para la política exterior y el derecho internacional. Además, sostuvo que la legislación estadounidense (Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976, FSIA) protege los bienes de un Estado extranjero fuera del territorio de EE.UU., y que forzar el traspaso de las acciones de YPF vulneraría ese principio.
“El Congreso nunca manifestó la intención de eliminar esa protección en casos como este”, señaló el texto, y advirtió que permitir la ejecución de la sentencia mientras está en curso la apelación expondría a Argentina a una pérdida irreversible de activos y dificultaría su defensa judicial.
El gobierno estadounidense subrayó que otorgar una suspensión no perjudicaría al demandante, ya que la demora no implica un daño irreparable, y que Argentina no puede disponer de sus acciones en YPF sin aprobación del Congreso. Por todo esto, pidió al tribunal que suspenda la ejecución del fallo hasta tanto se resuelva la apelación iniciada por la defensa argentina.
