Hasta el lunes próximo, el presidente Javier Milei deberá formalizar los vetos a las leyes impulsadas por la oposición que ya fueron aprobadas en el Congreso. Según argumenta el mandatario, estas iniciativas comprometen el equilibrio fiscal en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas y en un contexto donde las provincias reclaman más fondos.
Como ya lo hizo en 2024 al vetar aumentos jubilatorios y mayores partidas para universidades, Milei anticipó que volverá a utilizar esta herramienta constitucional. Sin embargo, aún no ha firmado las medidas, cuyo respaldo en el Congreso dependerá de la capacidad de La Libertad Avanza (LLA) para sostenerlas en el recinto.
Mientras tanto, el Gobierno analiza fortalecer las transferencias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como parte de una estrategia para contener a los gobernadores y evitar una ruptura política. Estos fondos, aunque no están regidos por la Ley de Coparticipación, se financian con parte de lo recaudado por impuestos coparticipables y han sido históricamente manejados con criterios discrecionales por la Casa Rosada.
En paralelo, las provincias presionan por una reforma legal que permita la distribución automática y diaria del Fondo de ATN, integrándolo a la masa coparticipable. También exigen cambios en el reparto del impuesto a los combustibles líquidos.
La resolución de este conflicto se encuentra en manos del propio Milei, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Se baraja una propuesta conjunta a los gobernadores, mientras se multiplican las conversaciones políticas encabezadas por Martín Menem, Santiago Caputo y Guillermo Francos para asegurar el respaldo legislativo.
“Van a tener que acompañarme con este veto, porque los argentinos de bien los están mirando”, lanzó Milei durante la Exposición Rural, advirtiendo que rechazar los vetos sería «atentar contra las futuras generaciones».
Uno de los puntos más conflictivos es la ley previsional recientemente sancionada, que contempla un incremento del 7,2% en las jubilaciones mínimas, una suba del bono a $110.000 y la prórroga de la moratoria. Según Idesa, su impacto fiscal rondaría el 0,9% del PBI, lo que podría desestabilizar el exiguo superávit proyectado del 0,3%.
Con 39 diputados propios, LLA busca articular alianzas con sectores del PRO liderado por Cristian Ritondo y con la Liga del Interior, para alcanzar una mayoría que le permita sostener los vetos. La disputa está abierta y el desenlace dependerá del equilibrio entre las urgencias fiscales y los acuerdos políticos.
