El presidente Javier Milei tiene tiempo hasta el lunes 4 de agosto para vetar tres leyes aprobadas por el Congreso: el aumento a las jubilaciones (7,2% más un bono de $40.000), la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Mientras tanto, la Casa Rosada negocia con gobernadores para blindar esos posibles vetos, y la oposición trabaja para no perder la iniciativa política.
Luego de que fracasara un intento de sesión esta semana, los bloques opositores –tanto los más duros como los dialoguistas– negocian una nueva convocatoria. El peronismo y la izquierda impulsan una sesión para el 6 de agosto, mientras que los radicales disidentes de Democracia para Siempre proponen postergarla a la semana siguiente.
El principal escollo radica en acordar un temario que asegure el quórum. Hay consenso en discutir temas como el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, motivada por la crisis en el Hospital Garrahan. Sin embargo, otras iniciativas no despiertan el mismo respaldo.
Uno de los puntos de conflicto es la inclusión del rechazo a decretos firmados por Milei, como los que eliminan la CONABIP y el Instituto del Teatro, desregulan la Marina Mercante o transforman al Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Además, se analiza votar un emplazamiento para que las comisiones de Presupuesto y Energía dictaminen sobre proyectos con media sanción del Senado, vinculados al reparto automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, ambos impulsados por gobernadores.
No obstante, la oposición descarta tratar aún el rechazo a los vetos, ya que cree que hacerlo más cerca de las elecciones generará un mayor costo político para quienes respalden al oficialismo.
Las negociaciones internas no son sencillas. Algunos diputados dialoguistas acusan al kirchnerismo de querer ampliar el temario sin lograr consensos, mientras otros reconocen que la fecha límite del 7 de agosto para inscribir alianzas electorales podría hacer que varios legisladores alineados con gobernadores ausenten sus bancas para no incomodar acuerdos con el oficialismo.
Por eso, los bloques opositores buscan el respaldo activo de los gobernadores en todos los puntos de la agenda, y no solo en los que involucran fondos provinciales. “Los que están cerrando con LLA se hacen los distraídos”, se quejan.
Finalmente, si bien temas como el aumento al presupuesto universitario y la emergencia en pediatría gozan de apoyo, también implican un costo fiscal importante. Por ejemplo, el proyecto universitario prevé actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, la reapertura de paritarias docentes y el incremento de becas para estudiantes. La oposición avanza con cautela, intentando evitar que una sesión fallida fortalezca al Gobierno en la previa de un debate crucial.
