El presidente Javier Milei oficializó este lunes, a través del decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el veto total a tres leyes de carácter social sancionadas recientemente por el Congreso: la que establecía un aumento de emergencia para jubilaciones, la que reinstauraba la moratoria previsional y la que declaraba la emergencia en materia de discapacidad.
Según argumentó el Poder Ejecutivo, las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y violaban la Ley de Administración Financiera, al no contemplar fuentes de financiamiento genuinas para cubrir el gasto que implicarían.
Las razones del veto
El Gobierno fundamentó su decisión en dos ejes centrales:
Costo fiscal elevado: el Ejecutivo calculó que la implementación de las tres leyes significaría un gasto adicional superior a los $7 billones en 2025 y más de $17 billones en 2026, lo que representa entre el 1% y 1,68% del PBI, según estimaciones oficiales. En ese sentido, sostienen que la aprobación de estas normas pondría en riesgo el equilibrio fiscal, considerado “innegociable” por el Presidente.
Cuestionamientos al proceso legislativo: se denunció que la sesión del Senado del 10 de julio se realizó sin citación válida, y que los proyectos fueron tratados con mayoría simple, cuando correspondían dos tercios de los votos, lo que a criterio del Gobierno constituye una «grave nulidad».
Las leyes vetadas
Jubilaciones: establecía un incremento adicional del 7,2%, un bono mensual de $110.000 (ajustable) y transferencias directas a cajas previsionales provinciales no transferidas.
Moratoria previsional: prorrogaba por dos años el régimen que permite jubilarse sin los 30 años de aportes, y flexibilizaba el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva y establecía una compensación económica para prestadores del sistema.
Próximos pasos
Con el veto total ya formalizado, el debate vuelve al Congreso. Para que las leyes puedan ser promulgadas pese al rechazo presidencial, la oposición deberá reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. El panorama legislativo se anticipa complejo, en un escenario político marcado por la tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
