Vecinos de Las Cejas intensificaron sus reclamos contra la delegada comunal Cristina Contreras, a quien acusan de irregularidades en el manejo de fondos públicos, abusos en el cobro de impuestos y apropiación de terrenos privados.
Las denuncias judiciales incluyen la supuesta retención de tarjetas de débito de ex empleados comunales para quedarse con sus haberes y el uso de recursos oficiales en la construcción de viviendas particulares.
Reclamos por servicios y tasas
Gabriela Alderete, vecina del lugar, denunció ante LA GACETA el fuerte aumento en las tasas del cementerio local y el estado de abandono del predio. “De pagar $60.000 anuales, algunos vecinos recibieron intimaciones de hasta $400.000, pese a tener comprobantes de estar al día”, señaló.
También cuestionó el funcionamiento del CAPS: “Hay semanas que no contamos con médicos y debemos trasladarnos a Los Ralos o al Hospital del Este. Incluso en emergencias no disponemos de ambulancia”.
Además, Alderete recordó que nunca se concretó la construcción de un Centro Integrador Comunitario (CIC), pese a los anuncios oficiales. “Hoy, en el terreno destinado a esa obra, hay una vivienda que pertenecería al hijo de la delegada”, denunció.
Uso de bienes públicos
Martín Mercedes Medina, ex delegado comunal, aseguró que edificios y espacios públicos son utilizados para fines privados. “La biblioteca se alquila para fiestas, tenemos pruebas fotográficas y en la cancha de fútbol se cobra entrada sin transparencia en los ingresos”, afirmó.
También cuestionó la edificación de una farmacia en un inmueble que antes pertenecía a la Comuna. “Funcionaba la Comisión de Higiene y Fomento, pero cerraron el lugar y levantaron una farmacia. No sabemos si se vendió o si será un negocio particular de la delegada”, advirtió.
Conflictos por tierras
El vecino Paulo Alcides Ruiz denunció que la Comuna intentó declarar fiscal un terreno de su propiedad adquirido en 1984. “En 2024 incluso levantaron una tapia como si fuera de ellos. Tuve que iniciar acciones judiciales para recuperar la tenencia”, explicó.
Otro caso es el de Marta Alderete, quien recibió una orden de desalojo bajo el argumento de que su vivienda pertenecía al Estado. Su hijo denunció que, tras resistirse, sufrieron daños en la casa y una persecución judicial.
La respuesta de la delegada
Consultada por LA GACETA, Cristina Contreras rechazó las acusaciones y sostuvo que provienen de sectores opositores. “Es tiempo de elecciones, y estos vecinos responden a intereses políticos. Tengo pruebas de que intentaron extorsionar a mi familia”, afirmó.
También apuntó contra el ex funcionario capitalino Enrique Romero: “Dice representar a muchos vecinos, pero son dos o tres personas. Mientras tanto, seguimos trabajando en obras para la comunidad”.
