La Decisión Administrativa 23/2025, publicada en el Boletín Oficial, contempla refuerzos para gastos de personal, funcionamiento y equipamiento. También se asignaron recursos a jubilados, transporte ferroviario y energía.
El Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2025 para reforzar partidas de salarios, funcionamiento y equipamiento, además de atender compromisos de deuda pública y transferencias a empresas estatales. La medida quedó oficializada este jueves a través de la Decisión Administrativa 23/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la adecuación se realiza con el objetivo de “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento” de distintas jurisdicciones y entidades del Estado. La norma dispone además una compensación entre partidas, reduciendo gastos de capital y aumentando gastos corrientes.
Detalle de las reasignaciones
Entre los principales puntos, la normativa incluye:
Refuerzo de créditos para gastos en personal y funcionamiento de organismos nacionales.
Transferencia de partidas de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Justicia.
Incorporación de fondos derivados del nuevo régimen de bienes recuperados de actividades ilícitas, con la creación del “Consejo de bienes recuperados en favor del Estado Nacional”.
Readecuación de partidas de la Jurisdicción 90 – Servicio de la Deuda Pública, para garantizar el pago de vencimientos.
Transferencias para financiar al PAMI, ADIF, Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria, Educ.AR, AySA, Nucleoeléctrica Argentina y la Entidad Binacional Yacyretá.
La normativa también ajusta la distribución de cargos en la administración pública, incluyendo el pase de agentes entre ministerios y organismos.
En clave política
La decisión se conoce a pocos días de que el presidente Javier Milei presente el Proyecto de Presupuesto 2026, cuyo detalle se dará a conocer en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas.
Según fuentes oficiales, el refuerzo actual busca garantizar la cobertura de servicios básicos y obligaciones financieras en un contexto de alta volatilidad política y económica tras el revés electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.
