El expediente por presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos capítulos que complican al oficialismo.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi ordenó allanamientos simultáneos en domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —dueños de la droguería Suizo Argentina—, del exfuncionario Diego Spagnuolo y de otros involucrados.
En los procedimientos se requirió además información sobre ingresos y egresos en barrios privados, así como datos de una caja de seguridad bancaria vinculada a un exdirector de la Agencia. Allí se hallaron 80.000 dólares, cifra que la fiscalía considera clave para reconstruir la presunta ruta de los sobornos.
Renuncias y tensiones
La investigación tuvo un giro inesperado con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron por “motivos personales”.
En paralelo, el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, lo que agrega tensión al proceso.
La declaración de Cerimedo
El jueves por la noche declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien amplió detalles sobre conversaciones mantenidas con Spagnuolo en las que se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras su testimonio, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial que derivó en el hallazgo de la caja de seguridad en el Banco BBVA.
Una trama que toca al poder
Los allanamientos también alcanzaron al exfuncionario Daniel Garbellini, y permitieron secuestrar correos electrónicos, registros comerciales y documentación de compras de medicamentos.
La causa se originó a partir de audios filtrados que involucran a altos dirigentes del oficialismo. Entre los investigados figuran el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo.
De acuerdo al expediente, se los acusa de haber conformado un esquema de sobornos, administración fraudulenta y violaciones a la Ley de Ética Pública, con perjuicio directo sobre fondos del Estado.
Lo que viene
El futuro inmediato de la investigación dependerá del análisis de la documentación bancaria y fiscal pendiente de entrega a la fiscalía. Todo indica que se trata de una de las causas más sensibles para el Gobierno en materia de corrupción y financiamiento político.
