Los bloques opositores de la Cámara de Diputados preparan una nueva ofensiva contra el oficialismo: esta semana acelerarán la discusión del proyecto que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una de las herramientas más utilizadas por el presidente Javier Milei ante la falta de mayorías propias en el Congreso.
El debate se retomará este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La oposición buscará dictaminar el 30 de septiembre y convocar a una sesión especial para el 1 o el 8 de octubre.
El proyecto aprobado en el Senado
La iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara alta el 4 de septiembre, establece que un DNU puede ser derogado con el aval de una sola cámara. Además, fija un plazo máximo de 90 días para su ratificación: si no se trata en ese período, la norma pierde vigencia, aunque se mantendrán los efectos jurídicos generados hasta ese momento.
De aprobarse, el Gobierno quedaría en serias dificultades, ya que el peronismo mantiene mayoría en el Senado y podría bloquear los decretos sin necesidad de pasar por Diputados.
El uso de los DNU en la historia reciente
Desde el inicio de su gestión, Milei dictó 64 DNU, lo que equivale a un promedio de 36,2 por año, incluyendo uno que introdujo cambios en más de 300 leyes.
El uso de este instrumento no es nuevo:
Néstor Kirchner: 236 DNU en 4 años y medio (52,4 por año).
Alberto Fernández: 178 en cuatro años (44,5 por año), muchos vinculados a la pandemia.
Cristina Fernández de Kirchner: 78 en ocho años (9,75 por año).
Mauricio Macri: 70 en cuatro años (17,5 por año).
El trasfondo político
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica lideran la embestida parlamentaria contra la Casa Rosada. Además del monitoreo de los DNU, planean impulsar en la misma sesión el rechazo al veto sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la reforma al impuesto a los combustibles y la derogación de decretos relacionados con identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
Desde el oficialismo reconocen que este es “el tema que más preocupa” al Presidente, ya que podría reducir de manera drástica su margen de maniobra.
