El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este lunes que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra por la polémica en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada y suspendida de manera simultánea por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, subrayó que la aplicación de la norma depende de que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
“Promulgamos la Ley en término como corresponde, pero la Ley 24.156 establece que cuando se sanciona una norma deben estar previstas las partidas presupuestarias para cumplirla. Eso no ocurrió”, explicó Francos en diálogo con Radio Rivadavia.
El funcionario advirtió que, de no suspenderse la aplicación, podía ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público: “Si no están las partidas, la ley queda suspendida. No basta con decir que el jefe de Gabinete reasignará partidas, porque no las hay”.
Francos precisó que actualmente existen 1.300.000 pensiones por discapacidad y que el impacto fiscal de la nueva ley podría rondar los 3 billones de pesos, sin previsión de recursos en el presupuesto. “No sabemos si mañana van a pedir 100.000 pensiones más, o un millón más. Habrá que establecer de dónde salen los fondos”, señaló.
El ministro coordinador vinculó la controversia con el clima electoral: “Hay diferentes intereses políticos que conspiran contra la posibilidad de trabajar en conjunto”.
De todos modos, ratificó la voluntad del Gobierno de buscar consensos para avanzar en reformas estructurales: “En los próximos dos años, la segunda etapa del gobierno de Milei, la intención es avanzar en una reforma laboral y una reforma tributaria. Haremos lo posible por volver a conseguir acuerdos con los sectores que comparten nuestra visión”.
Finalmente, Francos se mostró optimista sobre el rol del Congreso: “Hay que mirar para adelante y buscar acuerdos para las modificaciones que necesita el país. El Presidente designó un ministro del Interior para ocuparse de esto, así que confío en que lo lograremos”.
