La Argentina presentó ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos el recurso contra el fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia por US$ 16.000 millones derivada de la nacionalización de la petrolera.
Según explicó el especialista Sebastián Maril, la apelación se estructura en cuatro ejes principales:
- La justicia estadounidense no puede obligar a un país soberano a repatriar activos que se encuentran en el exterior.
- La jueza Loretta Preska aplicó de manera errónea la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) sobre bienes fuera de ese territorio.
- Se invoca la Ley de Inmunidad Soberana como resguardo para evitar que la Argentina sea forzada a entregar las acciones de YPF.
- Se apelan las consecuencias diplomáticas que podría generar entre “dos naciones amigas” un fallo que obligue a transferir activos estratégicos.
El respaldo de EE.UU. como amicus curiae
En este proceso, el gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae en apoyo a la Argentina. En su escrito, advirtió que la orden de entregar acciones de YPF ubicadas fuera del territorio norteamericano podría exceder los límites de ejecución que establece la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).
Washington también alertó sobre posibles ramificaciones negativas en las relaciones exteriores, al sentar un precedente que podría afectar el trato recíproco de bienes estadounidenses en cortes extranjeras.
Riesgo de daño irreparable
El escrito subraya además que, si la Argentina cumpliera con la entrega de las acciones antes de que se resuelva la apelación, podría sufrir un daño irreversible: aun en el caso de obtener luego un fallo favorable, no tendría garantía de recuperar los activos ya transferidos.
La definición del caso se espera para el primer trimestre de 2026, en lo que será una instancia clave en la disputa judicial más costosa de la historia argentina.
