En un escenario de fragilidad macroeconómica, el Gobierno acelera un paquete de medidas para sostener la estabilidad y cumplir con sus metas fiscales. Entre las iniciativas en marcha figuran nuevos recortes a los subsidios de energía y transporte, la reducción de transferencias discrecionales a las provincias y una reforma previsional en estudio que contempla cambios en la fórmula de actualización y eventuales aumentos graduales en la edad jubilatoria.
El desafío se agrava por la caída de la recaudación asociada a la menor actividad económica, lo que amenaza el superávit primario. En ese marco, el equipo económico analiza nuevas fuentes de financiamiento y busca cerrar acuerdos con organismos multilaterales para garantizar liquidez.
Reservas, FMI e inversiones
Con reservas limitadas, el Banco Central sostiene la brecha cambiaria a fuerza de intervenciones, mientras el Ministerio de Economía explora la posibilidad de un nuevo programa con el FMI, condicionado a un paquete de reformas estructurales. La apuesta oficial también incluye atraer inversiones en energía y sectores productivos, bajo la promesa de asegurar estabilidad jurídica a los capitales externos.
Tensión social y oposición dividida
El costo del ajuste impacta en los ingresos reales, lo que alimenta la conflictividad sindical y social. Si bien el Gobierno refuerza programas de asistencia focalizada, mantiene firme el recorte de planes sociales, lo que genera protestas en distintos sectores.
En el plano político, la oposición se muestra fragmentada: algunos sectores acompañan parcialmente las reformas mientras otros redoblan las críticas al rumbo económico.
La apuesta oficial
La estrategia libertaria se resume en dos pilares: disciplina fiscal y reformas estructurales. El interrogante es si el Gobierno cuenta con el tiempo político suficiente para que los resultados de este camino comiencen a ser visibles antes de que la tensión social y económica erosione su capital político.
