Se venderá el 44 % de las acciones a privados y un 5 % será destinado a los trabajadores; el Estado mantendrá el control mayoritario.
El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
El esquema aprobado contempla:
La venta del 44 % de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional.
Un Programa de Propiedad Participada (PPP) del 5 %, destinado a los trabajadores.
La conservación del 51 % accionario en manos del Estado y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), lo que garantiza control mayoritario.
Además, el decreto dispone que ENARSA transfiera su 1 % de participación a favor del Estado y que NASA ceda un 0,01 % de su tenencia en ENARSA.
Argumentos oficiales
El Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de incorporar capital privado para:
Financiar la extensión de vida útil de Atucha I, prevista para 2027.
Completar el proyecto de almacenamiento en seco de combustibles nucleares de Atucha II.
Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la compañía.
En 2023, Nucleoeléctrica recibió transferencias por $700 millones para sostener inversiones. Sin embargo, el decreto sostiene que la intervención estatal no alcanza para garantizar la competitividad y que es necesario sumar socios estratégicos.
Una empresa con récord de generación
En 2024, NASA alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh, con un factor de carga del 73,3 %, consolidando su rol como actor clave en la matriz energética argentina.
El Gobierno destacó esta capacidad técnica, pero subrayó que “para sostener la performance y encarar nuevas inversiones resulta indispensable abrir la puerta al capital privado”.
Próximos pasos
El proceso de privatización estará a cargo del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo el marco de la Ley 23.696.
La Secretaría de Trabajo deberá evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada, mientras que la Comisión Bicameral del Congreso recibirá un informe detallado sobre la operación, como exige la normativa vigente.
