El destino de Federico “Fred” Machado, empresario argentino acusado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero internacional, está a punto de definirse. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver en los próximos días si autoriza su extradición, pero la última firma dependerá del presidente Javier Milei.
En Argentina, el trámite de extradición culmina en el Poder Ejecutivo, una vez que la Corte convalida el pedido del país requirente. Fuentes judiciales indican que, tras ese paso, la documentación será enviada a la Casa Rosada, donde el Presidente deberá aprobar o rechazar la entrega del acusado.
El asesoramiento del entorno presidencial
Milei cuenta con un grupo de confianza que lo asesora en temas legales: Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc y Alejandro Fargosi, entre otros. También participan en tareas administrativas Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy. En cambio, Francisco Onetto, abogado y ex candidato a vicegobernador junto a Carolina Píparo, no debería intervenir formalmente en el proceso, aunque su nombre aparece vinculado al expediente.
El recurso que dilató el expediente
El caso Machado lleva más de cuatro años de trámite en la Justicia argentina. En 2022, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, ya había declarado procedente la extradición. Sin embargo, la defensa —a cargo de Onetto— logró demorar el avance mediante un recurso que obligó a la Cancillería a volver a consultar a Estados Unidos si el pedido seguía vigente. Washington respondió afirmativamente: el reclamo sigue en pie y los cargos no fueron retirados.
La sentencia de Neuquén
El fallo de Villanueva, de 48 páginas, verificó la doble incriminación de los delitos imputados —narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico— y descartó que se tratara de delitos políticos o militares. El magistrado garantizó además que Machado solo podrá ser juzgado en EE.UU. por los delitos incluidos en la acusación formal de 2021.
Actualmente, el empresario cumple arresto domiciliario en su finca “La Gringa”, ubicada en las afueras de Viedma, Río Negro, junto a su madre y su hermana, designadas como guardadoras legales. Está controlado por tobillera electrónica, aunque sin presencia policial permanente.
El expediente en Estados Unidos
El caso, identificado como United States vs. Mercer-Erwin et al. (Case 4:20-CR-00212), lo ubica como uno de los cerebros de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y lavado de dinero mediante operaciones de aviación privada.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., Machado dirigía desde Florida las firmas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aeronaves que luego eran empleadas por cárteles latinoamericanos.
Entre los delitos que se le imputan figuran:
Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.
Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.
Lavado de activos internacionales.
Fraude electrónico.
Violaciones a normas de exportación aeronáutica.
El expediente detalla operaciones con aviones incautados en México, Guatemala, Belice y Honduras, que transportaban más de dos toneladas de cocaína, y un esquema de fraude por 250 millones de dólares en inversiones inexistentes.
Conexiones y tensiones políticas
El caso genera incomodidad en Río Negro, donde Machado reside bajo arresto, y también inquieta en el Gobierno nacional. En la provincia, diputados opositores pidieron explicaciones al gobernador Alberto Weretilneck por supuestos contratos públicos vinculados a familiares del empresario.
En Buenos Aires, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del caso, mientras que sectores judiciales señalan que el tema “ya está instalado” entre magistrados y políticos en plena recta final hacia las elecciones legislativas.
De concretarse la extradición, Federico “Fred” Machado deberá comparecer ante la justicia del Distrito Este de Texas, donde enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua.
